Revista Posición - Ideas Claras

La situación del Norte de Antioquia es un reflejo no sólo de lo que representan hoy las Farc que quedan en el país; también de lo que representarían después de un eventual proceso de paz.

Mi visión sobre la confrontación armada de Colombia es una economicista. De hecho, ha habido suficiente evidencia empírica nacional e internacional que explica la violencia instrumental, homicida o terrorista, por dos factores fundamentales: i) la presencia y disputa de grupos armados ilegales –GAI- por acaparar rentas ilícitas; y ii) la poca efectividad de la justicia penal.

En efecto, refiriéndonos sólo a la primera explicación, al ubicar territorialmente los GAI en Antioquia se encuentra que sus zonas de accionar delictivo coinciden con la presencia de alguna renta ilícita potencial: Farc, Bacrim y Odin[1] con narcotráfico (cultivos ilícitos, cocinas, rutas, crsitalizaderos); Farc, Eln y Bacrim con minería ilegal, secuestro y extorsión a conglomerados de la construcción, el petróleo, las minas o la energía; Odin y combos delincuenciales con micro tráfico y micro extorsión.

Buena parte de los municipios del Norte y del Occidente Antioqueño están en la zona de influencia de Hidroituango. Este proyecto, una vez desempolvado e impulsado por la administración departamental pasada, comienza a sufrir los estragos de disputarle territorio a los frentes de las Farc más apegados al narcotráfico, al terror y a la minería ilegal del país entero: el 18 y el 36. Desde su comienzo, las invasiones, los atentados terroristas, las extorsiones y las movilizaciones presionadas de campesinos han sido el instrumento que terroristas de las Farc han utilizado para evitar, como lo hicieron con Porce IV, la construcción de la más grande generadora de energía del país.

Las excusas han sido variadas: el “impacto ambiental” de la más amigable hidroeléctrica con el entorno; el trabajo de los “mineros” en zonas donde no había minería; el “capitalismo transnacional” en un proyecto ejecutado por Epm; entre otras. Pero, la verdadera razón para oponerse a Hidroituango es que con ella llega la presencia indefinida del Estado a una zona donde éste sólo ha concurrido intermitentemente, lo que merma sustancialmente la capacidad de acumular riqueza de cuenta del narcotráfico y de la minería ilegal.

Ante este desafío, sólo resta avanzar con más control territorial, más inteligencia, más disuasión de la justicia y con más determinación que nunca. Finalmente, eso es lo que tocará seguir haciendo incluso una vez el gobierno de Santos garantice impunidad a los “barrigones” que antes estaban en Venezuela y hoy en La Habana. Éstos, los que están hoy aquí y los que quedarán después del proceso de paz hace rato no son más que traquetos y mineros ilegales.